Roberto Isaías Dassum, banquero y empresario ecuatoriano que vive en Miami, expresó satisfacción el jueves por un fallo del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en el que establece que el gobierno de Ecuador violó los derechos civiles de él y su hermano William cuando funcionarios de la administración del presidente Rafael Correa desataron una ofensiva contra ellos que incluyó amenazas, confiscaciones y acciones penales.
El dictamen, emitido el pasado 3 de junio en Ginebra, marcó el primer reconocimiento oficial por un organismo legal internacional de que la queja presentada por los empresarios al comité en marzo del 2012 era correcta. Fue en entonces que los hermanos advirtieron al comité que eran víctimas de una persecución política, que sus derechos civiles estaban siendo violados y que habían sufrido también una falta de debido proceso judicial, así como una incautación de sus activos por parte del gobierno ecuatoriano.
"Finalmente, un tribunal [internacional] nos dio la razón en la cual ha habido una persecución política, nos han violado nuestros derechos", dijo Isaías, de 71 años edad, en una entrevista exclusiva con el Nuevo Herald. "Nunca hemos tenido un tribunal ni que es en serio ni verdaderamente un tribunal del que podamos confiar y que sea imparcial".
La entrevista en una oficina en Coral Gables marcó la primera vez que uno de los dos hermanos habla públicamente en respuesta al fallo del comité.
Aunque, Isaías expresó su satisfacción con el dictamen "en la parte personal", señaló también que no estará totalmente complacido hasta que el gobierno de Ecuador cumpla a cabalidad con los requerimientos del comité, tales como la devolución de activos incautados.
"Es importante que a pesar de que el Ecuador tiene que cumplir, porque son firmantes del tratado, y tienen 180 días para cumplir, y yo quiero ver el final".
En Ecuador, el gobierno del presidente Correa ha rechazado que el comité de la ONU fallara a favor de los hermanos Isaías. Al contrario, dijo el canciller ecuatoriano Guillaume Long en un comunicado, el comité rechaza los alegatos de los hermanos de que Ecuador "vulneró su derecho a ser juzgados sin dilaciones indebidas".
El extenso texto del fallo del comité, sin embargo, parece favorecer la queja presentada por los hermanos hace cuatro años.
"El derecho de los autores a ser juzgados sin dilaciones indebidas resultó quebrantado debido a la duración irrazonable del proceso", dice el texto en una parte. "En el proceso de incautaciones también se violó el derecho al debido proceso".
Según Isaías y su abogado en Guayaquil, Ecuador, Jorge Zavala, el gobierno ecuatoriano debe restaurar el estatus legal de los hermanos empresarios al nivel en que estaba antes de que la Agencia de Garantía de Depositos (AGD) les confiscara activos, debe devolver activos incautados "ilegalmente" y debe pagarles compensación por propiedades tomadas "arbitrariamente".
El caso se remonta a la década de 1990 cuando muchos bancos ecuatorianos, incluso el Filanbanco perteneciente a los dos hermanos, colapsaron debido a una gran crisis financiera que sufriera el país sudamericano. El gobierno en Quito tomó los bancos, incluyendo el Filanbanco, y les otorgó fondos de rescate para mantenerlos abiertos.
Aunque previamente hubo acusaciones y rumores de que los hermanos se habían aprovechado de los fondos de rescate, cosa que negaron enfáticamente, no fue sino hasta que llegó al poder Correa en el 2007 que se profundizaron las acciones oficiales contra los empresarios.
Funcionarios de Correa les incautaron decenas de propiedades y empresas de la familia valoradas en más de $1,000 millones. El gobierno de Correa también insistió en que los hermanos fueran extraditados a Ecuador para ser juzgados, pero funcionarios estadounidenses rechazaron esas solicitudes.
"El gobierno del Ecuador ha tratado cuatro veces tratar de extraditar", dijo Isaías. "Y las cuatro veces el gobierno americano se las ha negado".
El fallo del comité de la ONU marcó también un nuevo hito internacional por virtud del cual el gobierno ecuatoriano ha sufrido una serie de reveses en sus objetivos internacionales y legales en fechas recientes.
El 4 de marzo del 2014, una Corte Federal en Nueva York determinó que un fallo que ordenaba a la empresa petrolera Chevron pagar $9,500 millones por presuntos daños causados en la región amazónica de Ecuador era inaplicable.
En enero último, el gobierno de Ecuador llegó a un acuerdo para pagar $980 millones a la corporación Occidental Petroleum por concepto de un juicio administrativo que ganó la firma, luego que funcionarios de Correa confiscaran un campo petrolífero de esa empresa.
Originalmente, el dictamen del panel de arbitraje había sido de $1,770 millones a favor de Occidental Petroleum, pero a través de negociaciones Quito logró un descuento.
Fuente: El Nuevo Herald - Miami
Caso: Roberto Isaías
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